La filtración de varios documentos secretos, que han servido de base para las negociaciones del tratado, demuestra que la UE está dispuesta a negociar la liberalización de los servicios sociales y públicos (incluyendo sanidad y educación), para ofrecer un acceso ilimitado a las multinacionales estadounidenses en los mercados europeos. Se trata de poner en venta los servicios públicos de la ciudadanía, una grave amenaza contra la calidad de las prestaciones públicas.
El TTIP fomenta la privatización y limita la capacidad de los gobiernos para regular los servicios públicos, en favor de las grandes corporaciones multinacionales, a las que se les otorgan nuevos derechos y garantías, ofreciéndoles incluso la posibilidad de impugnar legalmente las políticas públicas. Los estados perderían su soberanía a la hora de recuperar la gestión de estos servicios, incluso cuando la prestación por parte de las empresas no fuera de calidad o fuera demasiado cara.
La educación y la sanidad públicas; los servicios básicos, como el suministro municipal de agua, y la gestión del medio ambiente están amenazados por el nuevo tratado. Todo ello supone un grave riesgo en contra de nuestro derecho a disponer de los servicios universales, ya que los estados podrían verse imposibilitados para ofrecer estos servicios de forma eficaz, crear nuevos servicios o legislar los ya existentes.
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