El 97% se opone a los mecanismos de arbitraje privados del TTIP

En primavera de 2014, la Comisión Europea abrió una consulta pública sobre el mecanismo de arbitraje entre inversores y estados (ISDS), que se quiere incluir en el TTIP. Este arbitraje ha sido y sigue siendo uno de los puntos más controvertidos del Tratado de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la UE, de hecho, países como Francia y Alemania comunicaron que abandonarían el tratado si no se excluía el ISDS de las negociaciones.

La gran mayoría de las personas que participaron en la consulta pública también mostraron un amplio rechazo al ISD: un 97% de los participantes se opusieron al mecanismo. Sin embargo, la Comisión anunció a principios de enero que continuaría con su plan sin atender la decisión de la ciudadanía.

El ISDS permitiría a las multinacionales demandar a los estados exigiendo indemnizaciones millonarias simplemente por modificar alguna legislación o por ejercer su derecho a decidir. Si la transnacional considerase que un cambio político pone en riesgo su rentabilidad, podría demandar a un Gobierno y por tanto, hacer pagar a sus habitantes. Por si esto fuera poco, los tribunales que se encargan de estos litigios son privados y solo serían accesibles a grandes empresas, mientras que un Estado no tendría posibilidad alguna de denunciar a una multinacional por la misma vía.

La CE lanzó la consulta tras las críticas de la sociedad civil que denunciaba la falta de transparencia y de participación ciudadana. Un 92% de las reuniones sobre el tratado se han celebrado a puerta cerrada sin la posibilidad de que las organizaciones ciudadanas pudiesen involucrarse en las negociaciones. Con el fin de silenciar las críticas se abrió la consulta, sin embargo ésta consistió en unos documentos excesivamente técnicos que más que facilitar la participación, la obstaculizaban. Por este motivo, varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Amigos de la Tierra, decidimos crear una ciberacción, basada en formularios de respuesta, para abrir el proceso de participación a la ciudadanía europea.

Gracias a esta acción de la sociedad civil, se consiguió la implicación de más de 150.000 personas, llegando a ser una de las consultas con más participación pública. Al lanzar el proceso, la Comisión Europea preguntaba qué quería la ciudadanía, a lo que la gente ha respondido de forma clara que está en contra de los privilegios para las grandes corporaciones. Sin embargo, a pesar de la enorme oposición, la CE no hará caso alguno a la decisión de la mayoría.

El ISDS es una herramienta antidemocrática que entra en contradicción con el principio de acceso igualitario a la justicia. Ya existen medidas para que las empresas puedan protegerse de diferentes riesgos, incluyendo seguros privados y tribunales estatales, por lo que no es necesario que cuenten con un régimen legal como el mecanismo de controversias entre inversores y estados.

La Comisión Europea y el Gobierno Estadounidense siguen intentando abrir paso a este tratado y al ISDS, un caballo de Troya conducido por multinacionales, que pretende arrasar los pocos derechos que nos quedan como ciudadanas de la UE.

Estos mecanismos de controversias entre inversores y estados tienen una larga trayectoria velando por los intereses de grandes empresas en diferentes tratados. Existen numerosos casos que demuestran cómo estas empresas han utilizado el ISDS en contra de una población. Un ejemplo claro es el caso de Occidental Petroleum Corporation contra Ecuador. La empresa vendió el 40% de sus derechos de producción a otra compañía sin contar con el consenso del Gobierno Ecuatoriano tal y como se obligaba en el contrato. El país latinoamericano puso fin, por tanto, a la concesión de extracción de petróleo debido al incumplimiento por parte de la empresa. Al conocer la decisión, la petrolera acudió al mecanismo inversores-estados del Tratado Bilateral de Inversión EEUU-Ecuador, exigiendo y consiguiendo el pago de la mayor compensación jamás concedida a un inversor: 1.770 millones de dólares.

No tenemos que irnos muy lejos para conocer otros ejemplos, en Europa también se han dado situaciones similares en las que grandes compañías han demandado a un estado en el marco de los tratados bilaterales. Un estudio de Amigos de la Tierra muestra cómo la ciudadanía europea ya ha pagado 3.500 millones de euros debido a este mecanismo. La presión ciudadana seguirá sacando a la luz estos casos, continuará exigiendo el fin de las negociaciones y tratará de destapar los intentos de ocultar información sobre el TTIP.